viernes, 27 de diciembre de 2013
jueves, 19 de diciembre de 2013
El Poder Judicial presenta proyecto de expediente digital
El Poder Judicial (PJ) presentó el proyecto de expediente digital judicial que evitará el uso de toneladas de papel con ahorro de espacios físicos.
Su presidente, Enrique Mendoza Ramírez, anunció el inicio de su ejecución, que se desarrollará en tres etapas en todo el país y que generará, además, mayor celeridad, accesibilidad, transparencia, seguridad jurídica y ahorro en tiempo y recursos en la tramitación de los procesos judiciales en beneficio de la población.
Características
El expediente digital judicial constituye la conversión de documentos y procedimientos físicos al formato digital mediante el uso de un sistema virtual seguro e interactivo, así como también la presentación de escritos por medio formularios electrónicos.
Abarcará todos los actos, desde el inicio del proceso judicial, que involucra el ingreso de documentos en la mesa de partes y el seguimiento del trámite del proceso judicial, hasta su conclusión y archivo.
La primera fase de la implementación del proyecto comienza en el distrito judicial de Lima Norte e involucra a los procesos laborales, estimándose que esta concluya en diez meses.
La segunda fase de su aplicación abarcará los distritos judiciales de Lima, Tacna y Junín en las especialidades de familia y comercial, y la tercera fase de su implementación comprenderá las restantes cortes superiores de justicia y en las demás especialidades.
Beneficios
A juicio del titular del PJ, el expediente digital tendrá un gran impacto entre los litigantes, para los que significará un ahorro de tiempo, pues no tendrán que acudir a las sedes judiciales para constatar el estado de sus expedientes, sino que podrán conocer la situación estos ingresando en la página web del PJ solo con una clave de acceso.
Además, permitirá al PJ ahorrar los 10 millones de nuevos soles que gasta al año en papel, lo que repercutirá en el cuidado del medioambiente porque no habrá necesidad de talar árboles para cubrir esta necesidad. “Este costo se irá reduciendo progresivamente”, recalcó Mendoza Ramírez.A su vez, permitirá ahorrar espacios físicos para el almacenamiento de expedientes de papel.
El presidente del PJ manifestó que los jueces están preparados para este gran cambio. “Hoy es el puntillazo inicial de esta gran carrera”, acotó el magistrado supremo.
Modernización
Como parte de las acciones que se llevan a cabo para la modernización, el presidente del Poder Judicial hizo la presentación del proyecto de expediente digital judicial conjuntamente con funcionarios del Consorcio Ayesa, empresa que estará a cargo de su desarrollo.
Manuel Castro Ruiz, director en consultoría del referido consorcio, resaltó que la plataforma informática del expediente digital judicial cuenta con mecanismos de seguridad que evitarán la alteración y manipulación de los documentos.
Publicado: 18/12/2013
miércoles, 18 de diciembre de 2013
Definen rol del servidor público
Un nuevo parámetro normativo para la definición de funcionario o servidor público susceptible de responsabilidad penal rige oficialmente en nuestro país.
De acuerdo con la Ley N° 30124, que modifica el artículo 425 del Código Penal, serán considerados también como funcionarios o servidores públicos los designados, elegidos o proclamados, por autoridad competente, para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estados o sus entidades.
Así, la condición de funcionario o servidor para efectos de la responsabilidad penal se adquirirá desde el momento de la designación o la proclamación por la autoridad electoral.
Por lo tanto, sugiere interpretar dicha ley dentro de parámetros de respeto al principio de legalidad para que la condición de funcionario o servidor público no se establezca con cláusulas muy extensivas. De lo contrario, refirió que podrían afectarse ciertos parámetros que las normas establecen para cautelar la rigurosidad con la que la norma penal debe ser aplicada.
De acuerdo con la Ley N° 30124, que modifica el artículo 425 del Código Penal, serán considerados también como funcionarios o servidores públicos los designados, elegidos o proclamados, por autoridad competente, para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estados o sus entidades.
Así, la condición de funcionario o servidor para efectos de la responsabilidad penal se adquirirá desde el momento de la designación o la proclamación por la autoridad electoral.
Igualmente, se catalogará en similar situación a todo aquel que, independientemente de su régimen laboral, mantenga vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas estatales o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado, y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas instituciones.
Reacciones
En opinión del penalista Julio Rodríguez esta extensión podría generar que se incluyan también en esa condición a personas jurídicas que en la práctica, según la legislación, podrían estar sujetas a un régimen absolutamente privado.
Por lo tanto, sugiere interpretar dicha ley dentro de parámetros de respeto al principio de legalidad para que la condición de funcionario o servidor público no se establezca con cláusulas muy extensivas. De lo contrario, refirió que podrían afectarse ciertos parámetros que las normas establecen para cautelar la rigurosidad con la que la norma penal debe ser aplicada.
Positivo
A criterio del penalista Luis Lamas Puccio, la norma es positiva porque esclarece quiénes son funcionarios públicos y cuáles son las labores que les competen. Dijo que la nueva definición otorga mayor cobertura y beneficios.
Publicado: 15/12/2013
FELICITACIONES COLEGAS
RESALTAN LABOR DE ABOGADAS PERUANAS.
Un grupo de destacadas abogadas peruanas de los más importantes estudios jurídicos del país fue distinguido por la prestigiosa guía legal Latin Lawyer, por su significativo aporte en el avance de las mujeres en la profesión jurídica de la región.
Se trata de María Teresa Quiñones (Rodrigo, Elías & Medrano Abogados), Viviana García (Delmar Ugarte Abogados), Liliana Espinosa (Estudio Echecopar) y María Eugenia Yabar (Estudio Olaechea).
Publicado: 10/12/2013
Un grupo de destacadas abogadas peruanas de los más importantes estudios jurídicos del país fue distinguido por la prestigiosa guía legal Latin Lawyer, por su significativo aporte en el avance de las mujeres en la profesión jurídica de la región.
Se trata de María Teresa Quiñones (Rodrigo, Elías & Medrano Abogados), Viviana García (Delmar Ugarte Abogados), Liliana Espinosa (Estudio Echecopar) y María Eugenia Yabar (Estudio Olaechea).
La publicación señala que aún existe una diferencia significativa entre el número de socios de sexo femenino en los bufetes de abogados de negocios en América Latina y el número de mujeres en la sociedad. Según la investigación realizada por Latin Lawyer, el 49% de los asociados en bufetes de abogados de negocios de América Latina son mujeres, una cifra que cae al 20% en el nivel de socios.
Los hallazgos muestran que ha habido avances en América Latina durante los últimos 10 años: en la encuesta de Latin Lawyer en 2002 el 12% de los socios de la región eran mujeres, cifra que se elevó a 16% en 2006 y ahora se sitúa en el 20%.
Con esta investigación, Latin Lawyer busca aportar a la discusión sobre la igualdad de género en las firmas legales latinoamericanas.
Publicado: 10/12/2013
martes, 10 de diciembre de 2013
lunes, 9 de diciembre de 2013
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